Protocolos de Atención de la Violencia (R.M. N.º 383-2025-MINEDU)
MINISTERIO DE EDUCACION | CONVIVENCIA ESCOLAR | PROTOCOLOS DE ATENCION A LA VIOLENCIA ESCOLAR | ACTUALIZADO
REFLEXIONES:
ANEXO 03
PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA ESTUDIANTES
¡Actualizado!
(RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO 383 – 2025- MINEDU)
TEMA SENSIBLE PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Desde una perspectiva crítica, considero que la R.M. N.º 383-2025-MINEDU constituye un documento normativo necesario y actualizado; sin embargo, su efectividad real depende de condiciones que, en muchos casos, aún no están garantizadas en las instituciones educativas del país. Aunque los protocolos establecen rutas claras de actuación frente a situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, es evidente que la norma no siempre contempla las limitaciones estructurales, humanas y logísticas que enfrentan los docentes y las escuelas, especialmente en contextos rurales y urbano-marginales.
Uno de los puntos que considero más críticos es la brecha entre la norma y la capacidad operativa de las instituciones educativas. Los protocolos exigen acciones rápidas, articuladas y técnicamente precisas, pero muchas escuelas carecen de psicólogos, profesionales de convivencia escolar o personal capacitado para intervenir eficazmente. Por ahora solo se cuenta con estos profesionales en IIEE focalizadas. Esta ausencia genera que los docentes —sin formación especializada en psicología, derecho o intervención en crisis— asuman responsabilidades que pueden superar su competencia profesional.
Asimismo, aunque la norma insiste en la articulación con servicios externos como DEMUNA, CEM, salud o policía, la realidad muestra que estos servicios no siempre están disponibles, no responden con la rapidez requerida, o se encuentran saturados. Esta situación limita la aplicación efectiva de los protocolos y, en la práctica, deja a la escuela en una posición vulnerable frente a la responsabilidad de proteger al estudiante.
Otro aspecto crítico es la insuficiente formación docente para afrontar la detección temprana de distintos tipos de violencia. La norma exige sensibilidad, análisis de riesgo, adecuado registro, entrevistas cuidadosas y decisiones oportunas. Sin embargo, la mayoría de docentes no ha recibido una capacitación continua y especializada para ejecutar estos procedimientos sin generar daños colaterales, como la revictimización o la ruptura de confianza con el estudiante afectado.
También es importante señalar que la norma, aunque sólida en su enfoque de derechos, no aborda en profundidad la carga emocional y laboral que los procesos generan en los docentes. Atender casos de violencia implica gestionar estrés, exposición a relatos traumáticos, presión de las familias, responsabilidad legal y temor a cometer errores. Esta dimensión humana no aparece considerada en los protocolos, dejando a los docentes sin mecanismos de acompañamiento y autocuidado.
Cabe también resaltar y alertar a la comunidad educativa que en algunas cláusulas de esta normativa existen consideraciones como la situación de riesgo de desprotección familiar y situación de desprotección familiar. Estos aspectos en parte, a mi parecer, es buena porque a partir de ahora padre de familia que no asista a una IE al llamado de docente, directivo se considerará como que los padres de familia están descuidando sus obligaciones para con sus hijos e hijas, este descuido puede generar responsabilidades legales para los progenitores. Sin embargo, en esta misma normativa se ha generado un protocolo más la que tiene que ver con los padres de familia. Nos estamos refiriendo al protocolo siete en la que los padres de familia ya no podemos ni levantar la voz a los hijos e hijas. Esto contraviene, en algunos casos, la pérdida de autoridad de los padres ante los hijos.
Finalmente, aunque la R.M. N.º 383-2025-MINEDU es un avance normativo, considero que la clave no está solo en exigir cumplimiento, sino en garantizar condiciones reales: capacitación especializada, equipos multidisciplinarios, servicios externos fortalecidos y recursos institucionales, lo cual aún estamos lejos de alcanzar. Sin estos componentes, existe el riesgo de que los protocolos permanezcan como documentos bien elaborados, pero difíciles de aplicar con la rigurosidad y humanidad que nuestros estudiantes necesitan.
